Por Lara Córdoba, Departamento de Derecho Concursal
Con el propósito de ampliar las medidas ya tomadas mediante la implantación del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de justicia, en noviembre quedó aprobado el Real Decreto Ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, sector energético y materia tributaria, con particular interés a la Disposición Final Décima donde se incorporan novedades destacadas en el ámbito concursal.
Siendo así, quedaba ampliado hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores y, además, la norma suspende hasta la fecha la obligación del juez de tramitar las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores.
Ante esta situación, según los pronósticos del portal de subastas del Consejo General de Procuradores los concursos de acreedores podrían incrementarse hasta un 50% a partir del 14 de marzo, día de la finalización de la moratoria concursal.
En un llamamiento, el Consejo pide un aumento de competencias de los procuradores como solución eficaz para aliviar el atasco judicial actual y próximo derivado de oleada de concursos, y que además suma la duración de las ejecuciones hipotecarias que están llevándose a cabo en la actualidad, que no están beneficiando ni a los acreedores ni deudores.
Mediante el incremento de competencias, y en aras de evitar el colapso judicial, se pretende iniciar un acercamiento a todos los operadores de la recuperación de deuda española, comenzado por los fondos de inversión, entidades financieras y empresas que dan servicio a estas entidades.
En la actualidad, el Consejo de Procuradores quiere esforzarse en los créditos con mora, (también conocidos como non-performin loans, NPLs) que están judicializados y en los fondos de inversión dado que son aquellos operadores que han obtenido los paquetes de deuda bancaria.
Una de las estrategias que se está llevando a cabo es la de incrementar la “cultura de subastas extrajudiciales” como forma de inversión y romper con aquellas barreras culturales entre procuradores y fondos de inversión, añadiendo que el Consejo General de Procuradores es una corporación de Derecho Público con la misma calidad que un servicio privado y con mecanismos eficaces para la recuperación de deuda lo antes posible.
Por último, el Consejo ha alabado la función de los fondos de inversión y su papel en la actual crisis económica, indicando así que “los fondos de inversión inyectan liquidez en nuestro sistema y son una fuente dinamizadora de nuestra economía. Necesitamos que haya muchos fondos de invirtiendo en España, su presencia nos ayudará a solventar la crisis más rápido
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